La crisis de Venezuela (II)

¿Por qué Venezuela ha llegado donde está? ¿Cómo se explica? Para entenderlo, primero debemos hablar de Cuba.

De Cuba a Venezuela

Cuba ilustra un caso singular. Tras su independencia, se instauró una pseudodemocracia tutelada por Estados Unidos que generó prosperidad solo comparable con la de algún emirato árabe de la actualidad, pero también una profunda desigualdad. La pseudodemocracia da paso a una dictadura muy corrupta y represiva, mantenendo la prosperidad y desigualdad. Se crean así las condiciones para una revolución: emerge Fidel Castro como líder de la misma quien con el apoyo de muchos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia católica, y también con el beneplácito de los propios Estados Unidos, se hace con el poder en 1959. Lo que sigue de la historia es ya de todos conocido.

La singularidad de Cuba radica en que el régimen castrista se apartó de los intereses estadounidenses y se alineó con el comunismo, pasando a depender política y económicamente de la extinta URSS. Estados Unidos perdió así casi toda influencia sobre la Isla, que fue percibida como una amenaza regional, intensificando el intervencionismo en América Latina. Fracasados los intentos de derrocar a Castro, Washington solo ha mantenido en Cuba la base de Guantánamo y un embargo económico que ha afectado a la población, pero no al régimen, el cual lo ha utilizado como una de su justificaciones para su permanencia.

Por su parte, Venezuela representa un caso clásico de intervención cíclica. La primera se produce en 1908, cuando Estados Unidos interviene para derrocar al presidente de turno y facilitar el ascenso de Juan Vicente Gómez, quien gobierna hasta 1935. Su régimen combinó orden autoritario y crecimiento económico, acentuado tras el descubrimiento de petróleo en 1914, lo que atrajo el interés de empresas estadounidenses y británicas, beneficiadas con amplias concesiones.

Tras la muerte de Gómez se abre un periodo de trece años de experimentación democrática, cuyo punto culminante fue la elección por sufragio universal de Rómulo Gallegos en 1948. Nueve meses después, un golpe militar lo derrocó y dio paso al régimen de Marcos Pérez Jiménez, quien consolidó su poder mediante represión y fraude electoral. Aunque no contó con apoyo directo estadounidense para su ascenso, sí recibió respaldo tácito una vez en el poder, al funcionar como contrapeso anticomunista, a pesar de la represión interna.

La dictadura de Pérez Jiménez se prolongó por una década marcada por un crecimiento económico sin precedentes, pero también por un autoritarismo creciente que generó rechazo interno y aislamiento internacional. Incluso Estados Unidos se distanció por el costo político de sostener al régimen. Su caída dio paso a una transición democrática negociada y a un sistema civil que se mantuvo durante cuarenta años.

Sin embargo, este periodo de estabilidad no logró consolidar un desarrollo socioeconómico sostenible. La dependencia casi absoluta del petróleo, junto con el auge del clientelismo, la corrupción y la desigualdad —incluso durante la bonanza de los años setenta—, fue incubando un profundo descontento social que reactivó el militarismo, fenómeno que se creía superado tras la transición democrática.

Emerge entonces la figura carismática de Hugo Chávez, un militar que, en esos giros de realismo mágico de nuestra historia latinoamericana, logra el poder democráticamente en 1998, a pesar de haber dirigido un fallido golpe de Estado en 1992. Todo esto gracias, básicamente, al manido pero efectivo discurso populista de Robin Hood que promete quitar a los ricos para dar a los pobres. Chávez se distanció de Estados Unidos, se alineó con Cuba y otros países enfrentados a la potencia norteamericana, y, aunque elegido democráticamente, derivó hacia un ejercicio autoritario del poder hasta su muerte en 2013. La posterior crisis institucional desembocó en 2017 en un nuevo régimen dictatorial, encabezado por Nicolás Maduro, con el respaldo decisivo del régimen cubano, cuyo principal interés en Venezuela ha sido el acceso al petróleo.

Y sí, los venezolanos lo saben, y todos los latinoamericanos lo sabemos: que el principal interés en Venezuela para gobiernos y empresas estadounidenses, rusas, chinas, iraníes o de cualquier otro país no son las arepas, las misses, las telenovelas ni la hermosura de sus paisajes. Que gobiernos y empresas no son hermanitas de la caridad.

El punto es que el rasgo distintivo de este tipo de dictaduras es su carácter particularmente cruel y estéril. Amparadas en una retórica socialista anacrónica, vacían de contenido nociones como soberanía, justicia social y patriotismo, que terminan convirtiéndose en una parodia. En estos regímenes, la oligarquía beneficiada es aún más reducida que en otras formas de autoritarismo y no ofrece ninguna contraprestación estructural al país. Así, el deterioro institucional, la violación sistemática de los derechos humanos y las prácticas propias del despotismo se experimentan con mayor severidad y sin compensación alguna, pues no existe progreso económico que pretenda justificar el sacrificio. En este contexto, el argumento del “mal necesario”, usado para legitimar dictaduras y seudodemocracias en LATAM, resulta insostenible.

Desde esta perspectiva, protestar contra tales intervenciones en nombre de la soberanía, el derecho internacional o la defensa del petróleo venezolano resulta imprudente, ofensivo y fácilmente instrumentalizable. Dos preguntas bastan para poner en cuestión esas protestas: ¿por qué no hubo la misma indignación ante la violación sistemática de la soberanía y del derecho internacional en Venezuela durante las últimas dos décadas? ¿Y por qué se anteponen abstracciones jurídicas o intereses económicos al sufrimiento prolongado de millones de personas?

Más allá del juego de Tronos

En medio de tanto análisis geopolítico, de tantas disputas ideológicas y de tantos cálculos económicos, se corre el riesgo de perder de vista lo esencial: que detrás de cada dictadura hay millones de vidas marcadas por el miedo, la escasez y la humillación cotidiana. En Venezuela y en Cuba, como en otros sitios, no se trata, en primer lugar, de izquierdas o derechas, de socialismo o capitalismo, ni siquiera de petróleo, sanciones o bloqueos internacionales. Se trata de personas concretas que no pueden decidir su destino, que ven partir a sus hijos al exilio, que envejecen sin medicamentos y que aprenden a sobrevivir donde antes soñaban con vivir. Desde una mirada cristiana, este drama no es un simple problema político: es una herida moral, porque cada sistema que aplasta la libertad y la dignidad del ser humano traiciona el principio más básico del Evangelio, que pone a la persona por encima de cualquier ideología.

Por eso, cuando se discute sobre Venezuela o Cuba como si fueran solo piezas de un tablero internacional, se comete una injusticia silenciosa: se reduce el sufrimiento humano a una variable secundaria. Y no lo es. No puede serlo. La fe cristiana recuerda que la historia no se mide por el poder de los Estados, sino por el trato que reciben los más débiles. Allí donde un régimen —sea cual sea su signo— condena a su pueblo al miedo, al hambre y a la falta de esperanza, lo que está en juego no es un modelo económico, sino la dignidad misma de la persona creada a imagen de Dios. Entender esto cambia por completo la perspectiva: ya no se pregunta primero quién gana políticamente, sino quién sufre humanamente. Y esa debería ser siempre la pregunta principal.

Fray Diego Rojas, OP