Ceuta, el espejo incómodo

Hay momentos en los que una frontera deja de ser una simple línea sobre un mapa para convertirse en un espejo. Lo ocurrido estos días en Ceuta dice mucho de Marruecos, dice bastante de España y dice todavía más de una Europa que parece haber olvidado que las fronteras también existen para ser defendidas. Qui dia passa, any empeny, decimos en Cataluña. El problema es que hay asuntos que, por mucho que se dejen para mañana, no desaparecen.

Lo primero que conviene decir es que utilizar a seres humanos como instrumento de presión política constituye una de las formas más miserables de hacer diplomacia. Cuando un Estado permite, favorece o simplemente mira hacia otro lado mientras miles de personas cruzan una frontera para obtener ventajas en una negociación, deja de tratar a sus ciudadanos como personas para convertirlos en munición. Y eso merece una condena rotunda. Hay, además, una cobardía difícil de disimular en quien empuja a hombres, mujeres y jóvenes desarmados contra la frontera de otro país para conseguir por ellos lo que no se atreve a defender con sus propios medios. No es una muestra de fortaleza. Es precisamente lo contrario. La forma cobarde e inhumana en la que Marruecos ha enviado a sus hijos e hijas, solo merece el mayor desprecio y que en su cara escuchen un profundo grito de cobardía.

Conviene decir también algo que parece haberse vuelto incómodo: comprender el drama de quien desea una vida mejor no obliga a renunciar al sentido común. Cualquiera que haya viajado un poco sabe que millones de personas nacen en lugares donde las oportunidades apenas existen. Es natural que sueñen con un futuro distinto para sus hijos. Ese deseo merece respeto.

Pero tampoco conviene confundir las cosas. Entre quienes han intentado entrar en Ceuta habrá personas verdaderamente desesperadas. Sin duda. Sin embargo, pensar que un episodio de estas características responde exclusivamente al hambre o a la miseria es ignorar cómo funcionan determinadas estrategias políticas. Cuando las entradas se producen de forma organizada, masiva y coincidiendo con intereses concretos de un gobierno vecino, resulta ingenuo reducirlo todo a un fenómeno migratorio espontáneo.

Tampoco acepto esa tendencia tan europea a cargar siempre sobre nuestra conciencia una culpa que no nos corresponde en exclusiva. Es evidente que los países desarrollados tienen responsabilidades en el mundo. Pero la primera responsabilidad sobre un pueblo pertenece siempre a quienes lo gobiernan. Y ahí conviene mirar hacia Rabat antes que hacia Madrid.

Mientras miles de marroquíes buscan un futuro lejos de su tierra, la monarquía alauí continúa exhibiendo un nivel de lujo difícilmente compatible con la realidad cotidiana de buena parte de sus ciudadanos. Al mismo tiempo se anuncian inversiones multimillonarias para grandes acontecimientos internacionales, infraestructuras emblemáticas y proyectos destinados a reforzar el prestigio del Estado. Todo eso puede resultar muy vistoso. Lo que cuesta entender es que un país que aspira a organizar un Mundial de fútbol siga teniendo tantos ciudadanos convencidos de que su única esperanza consiste en marcharse.

Escribo estas líneas pensando precisamente en los marroquíes que merecen mucho más de lo que reciben de quienes los gobiernan. Ningún pueblo debería verse obligado a elegir entre resignarse o marcharse. Y ningún gobernante debería utilizar esa desesperación como herramienta política. Pero tampoco resulta razonable exigir a otros países aquello que no se hace en el propio o no se reclama al propio. Si decenas de miles de ciudadanos consideran que su futuro les ha sido robado, la primera pregunta debería dirigirse a quienes llevan décadas gobernando. Antes que mirar hacia Ceuta, quizá convendría mirar hacia Rabat. No es aceptable. Esas setenta mil personas que han cruzado a Ceuta, lo que debería es marchar hacia Rabat a reclamar sus derechos.

España, por su parte, tampoco puede seguir respondiendo a estas crisis con una mezcla de improvisación, declaraciones solemnes y esperanza de que el problema desaparezca por sí solo. Defender una frontera no es un gesto de hostilidad. Es una obligación elemental de cualquier Estado serio. Algo que parece que nuestro país dejó de ser hace mucho tiempo Una frontera ordenada no es incompatible con la humanidad; es la condición necesaria para que la inmigración pueda ser legal, digna y sostenible. Y también forma parte del deber irrenunciable de cualquier gobierno de proteger el bien común de sus ciudadanos.

Y por supuesto porque pese a tendenciosos, aprovechados, traidores, manipuladores, interesados y egoístas, nadie puede ni debe dudar que Ceuta y Melilla son tan españolas desde hace cinco siglos, mucho antes que existiera el propio Marruecos, como cualquier otra ciudad de nuestro país. Los hechos históricos no cambian porque alguien decida convertirlos en materia de presión diplomática.

La compasión y la firmeza no son virtudes incompatibles. De hecho, suelen necesitarse mutuamente. La primera impide que olvidemos el rostro concreto de quien sufre. La segunda evita que ese sufrimiento acabe siendo explotado por quienes jamás arriesgan nada. 

Las fronteras no existen para separar a los pueblos, sino para ordenar la convivencia entre ellos. Solo cuando una frontera es respetada puede existir una inmigración verdaderamente humana. Lo contrario no es solidaridad; es desorden.

Conviene recordar, además, algo que a menudo se silencia interesadamente. La Doctrina Social de la Iglesia nunca ha defendido la desaparición de las fronteras ni una acogida desordenada. El propio León XIV lo recordaba hace apenas unos meses, primero durante su viaje por África y después en Canarias: existe un derecho a emigrar cuando la vida o la dignidad están gravemente amenazadas, pero existe también un derecho aún más profundo, el derecho a no tener que emigrar; el derecho a poder vivir con dignidad en la propia tierra. Un Estado tiene el deber de ordenar y proteger sus fronteras, precisamente para que la inmigración pueda ser humana, legal y sostenible. Y la misma Doctrina Social recuerda que el bien común incluye el derecho de los pueblos a custodiar su propia identidad histórica, cultural y social. Defender esas dos verdades al mismo tiempo —la dignidad de toda persona y el bien común de la nación que la acoge— no es una contradicción. Es, sencillamente, el difícil ejercicio de la justicia.

Quizá esa sea la lección más incómoda que deja Ceuta: que las víctimas no siempre están solo a un lado de la frontera, pero los responsables casi siempre tienen despacho, uniforme o corona.

Arnau Sunyer